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Las cárceles en América Latina

Cárceles de América Latina

Uno de cada tres delincuentes de América Latina reincide, la mayoría, por crímenes más graves que los que los llegaron a la cárcel por primera vez.  ¿Por qué sucede esto? https://youtu.be/73ZQBizVNyk

¿Cuántas cárceles hay en A.L? (Fuente: WPB)

Argentina 330

Bolivia 61

Brasil 2608

Chile 113

Colombia 133

Ecuador 52

Paraguay 18

Perú 69

Uruguay 39

Venezuela 58

¿Cuáles son los principales problemas?

Sobrepoblación - Más presos que cárceles

El Salvador ocupa el segundo lugar y el primero en A.L en el ranking de países con la mayor tasa de personas en prisión cuya data se calcula de acuerdo a la proporción presos por cada 100 mil habitantes.

El año pasado la tasa de ocupación carcelaria supera el 400% de su capacidad: en un espacio creado para sólo para 100, hay 290. Es decir, en una celda de 1 persona hay 4: la misma presión (4 a 1) se ejerce en los baños, comidas, y programas de rehabilitación.

Según los datos que maneja el World Prison Brief, hasta finales de 2018 la población carcelaria de la Argentina llegaba a 103.209 presos. Sin embargo, la capacidad de todo el sistema penitenciario es de 77.678, es decir que se alojan 115 presos en un espacio previsto para 100.

Entre las razones que explican el acelerado incremento de la población penitenciaria están: el endurecimiento de las penas, el incremento de los delitos graves, la duración de los procesos judiciales, el abuso de la prisión preventiva y la falta de medidas alternativas.

Es especialmente grave porque el hacinamiento no solo incrementa los las enfermedades, por ejemplo, sino que también permite la exposición de presos jóvenes a nuevos grados de crímenes ya que dificulta separar a los reclusos según sus delitos  que es algo fundamental para su tratamiento.

En el incendio de una cárcel en Chile, en 2010, murieron más de 80 reclusos que estaban en pabellones en los que conviven asesinos y vendedores de películas “piratas”.

Condiciones de vida paupérrimas

En América Latina los reclusos experimentan diversas vulneraciones de sus derechos humanos que va desde un empeoramiento progresivo de las condiciones de vida hasta el deterioro absoluto e las condiciones de seguridad.

La presión del hacinamiento se traslada al resto de los servicios. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 39,6% de los privados de la libertad en Brasil no tienen agua potable, el 55,5% de esa misma población no tiene atención médica, el 75,8% de la población carcelaria de Argentina considera que no tiene suficiente alimento, el 40,8% de los internos de El Salvador afirma no tener limpieza en sus baños, el 69,2% de los presos chilenos no tienen acceso a un teléfono público, el 57,5 de las personas privadas de la libertad en México no tienen acceso a materiales de lectura.

Violencia

Las consecuencias de estos problemas sumados los escasos recursos asignados y la falta de políticas efectiva se evidencian en la seguridad: falta de custodios, equipos de vigilancia, y programas de rehabilitación.

Según la encuesta a población en reclusión en Latinoamérica del PNUD el 73,2% de los internos (entrevistados) de Chile afirman haber presenciado violencia (golpes) entre personas privadas de su libertad, en Argentina el 10,5% de los presos afirman haber visto violaciones en la cárcel y el 2,3% haberlas sufrido ellos mismos.

Volviendo al ejemplo de El Salvador, la cantidad de presos por custodio en El Salvador es de 19,7 - o sea, hay casi 20 presos por 1 guardia. Esta debilidad institucional, sumada a un contexto de privación de necesidades básicas, crea mercados ilegales de productos  que incluye desde alcohol a sexo y que son comerciados al interior de estas cárceles. Este hecho implica, de facto, una situación de autogobierno porque esos mercados están manejados por grupos criminales organizados. En ocasiones, este autogobierno está favorecido por las políticas carcelarias de concentración de integrantes de pandillas en un solo penal: por ejemplo: el 97,1% de la población de la cárcel de Ciudad Barrios de El Salvador pertenece a la misma pandilla: los Mara Salvatrucha.

Sin embargo, estudios en países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, El Salvador y México, demuestran  que, sorprendentemente, las prisiones con menor índice de violencia entre los presos y las que tienen menor tasa de maltrato por las autoridades son las que controlan los reclusos. Es decir, el “gobierno criminal” es más eficiente y exitoso en manejar la violencia que el “gobierno Estado”.

Entonces, ¿qué pasa con los derechos humanos de los detenidos?

Más allá de la violencia ejercida por custodios (golpizas) o la requisa de las visitas, violación al derecho a la intimidad, o simplemente los cobros indebidos (por ejemplo, en la Ciudad de México el 80% de las visitas paga para poder entrar comida a sus familiares, 82% por llevarle objetos, el 69% por la ropa), la principal violación de derechos humanos es no proveer a personas encerradas de los elementos mínimos para su supervivencia en prisión. Por ejemplo, en Ciudad de México, el sistema penitenciario solo provee sábanas al 1%, cobijas al 3%, ropa al 1% y calzado al 1% de la población. Básicamente, todos los presos y presas deben proveerse de esos elementos a través de sus familias lo que recarga la economía familiar de las poblaciones más vulnerables. Este es uno de los dramas de derechos humanos más ocultos del sistema carcelario de la región.

¿La prisión se ha agotado como mecanismo de solución de la criminalidad en América Latina?

Según voces expertas, las cárceles ya no representan un castigo ni tampoco ayudan en la disuasión del delito.

El 23,8% de los privados de la libertad en la región afirma saber de delitos cometidos fuera de la prisión pero organizados desde su interior.

En Chile, ese porcentaje llega al 36,5% siendo extorsión, tráfico de drogas, robo y secuestro los principales delitos.

¿Qué apoyos hay tras cumplir la condena?

En general un preso que sale de la cárcel antes de los 30 años tiene grandes posibilidades de volver a delinquir. Un solo dato es absolutamente revelador: en Europa del Norte se gasta en promedio alrededor de 110-112 dólares diarios por cada persona privada de la libertad, en EEUU se gasta aproximadamente 80-85 dólares, en México se gasta 10-12 dólares y en El Salvador entre 3-4 dólares. Estos números reflejan las abrumadoras diferencias entre los sistemas carcelarios de los diferentes países.

Presupuesto cárceles

En los últimos años, el incremento de la criminalidad en la región fue atendido con políticas de encarcelamiento masivo (aumento de sentencias y de delitos encarcelables). Esto significó una enorme presión sobre el sistema penitenciario porque el aumento de la inversión presupuestaria en el sector se vio ampliamente superada por el aumento de la población carcelaria. Por ejemplo, la población carcelaria de Brasil se triplicó en apenas dieciséis años, sin embargo, el presupuesto apenas tuvo un aumento del 20%.

Según un estudio realizado por el BID mientras que Estados Unidos invierte 2,75%, Francia 1,87% y Alemania 1,34% del PIB en el combate a la inseguridad, en la región latinoamericana se destina hasta 3,55%.

Sobre los costos del crimen y la violencia en 17 países de la región se encontró que los costos directos e indirectos del encarcelamiento suman los US$14.000 millones al año (entre 2010-2014), o un promedio de 0,4% del PIB regional. Estos costos incluyen la administración penitenciaria y costos indirectos de los ingresos que no generan las personas encarceladas que dejan de realizar actividades económicamente productivas. El costo de manejarlas casi se duplicó de US$4.300 millones en el 2010 a US$7.800 millones en el 2014.

Pero hay diferencias en la región. Brasil tiene la tasa de gasto más baja, con sólo un 0,06 por ciento del PIB gastado en la administración de prisiones. El país con el gasto promedio más alto es Barbados, con un 0.47% del PIB. Le siguen Jamaica y Trinidad y Tobago, con el 0,34% y 0,33% del PIB respectivamente. Al tratarse de economías relativa­mente pequeñas, estos altos porcentajes probable­mente expresen los grandes costos fijos que implica la administración de un sistema penitenciario.

Para poner los números del gasto en perspectiva, la cifra promedio de los 17 países del estudio del BID es casi tres veces superior al costo de financiar en su to­talidad a los principales programas gubernamentales para la lucha contra la pobreza en México (Prospera) y Brasil (Bolsa Família).

Entonces, cuando consideramos al encarcelamiento masivo como una solución, es importante notar que es costosa para la sociedad. Pero los costos no terminan aquí. No sólo resulta caro encarcelar a las personas sino también es costoso dejarlas sin trabajar. La región perdió en promedio más de US$ 7.000 millones anualmente entre 2010 y 2014 por lo que dejaron de contribuir a las economías las personas que son privadas de libertad. Este número casi se duplicó en el periodo de estudio, de US$5.800 millones en 2010 a más de US$8.400 millones en 2014.

Las diferencias en la política penitencia­ria no se condicen con los niveles de violencia. Bajos niveles de violencia en términos de tasas de homicidios no necesariamente están asociados con altos o bajos costos de encarcelamiento. Esta discrepancia arroja serios interrogantes sobre la eficacia de la política pe­nitenciaria de varios países de la región. Parece haber espacio, entonces, para reformas que prevengan la violencia a través de la disuasión. Esto por su parte reduciría los costos del encarcelamiento. O por lo menos, liberaría recursos para mejor manejar los sistemas penitenciarios existentes.

Quiénes van a la cárcel (razones)

Las cárceles no están llenas de "malos", están llenas de pobres. De hecho, hay varios estudios que demuestran que no hay una correlación evidente de que gastar más en seguridad pública haya menos criminalidad.

Las estadísticas sobre criminalidad y sobre resoluciones judiciales revelan la dureza con la que la ley trata a ladrones y pequeños traficantes, forzados en buena parte de los casos a delinquir por situaciones de pobreza. Una revelador estudio realizado por el BID en 2018 (a través encuestas penitenciarias) arrojó que quienes pueblan los penales están, mayoritariamente, sentenciados por delitos asociados a la pobreza como robos, hurtos o ventas de droga al menudeo. Son una máquina que caza gentes, casi siempre de los sectores más desfavorecidos, y que al ser, tarde o temprano, expulsadas a la calle, dispara el riesgo de la reincidencia y con ello el peligro de que haya nuevas víctimas de la violencia.

Algunos datos inesperados:


Las cárceles de la región están llenas de gente joven. La mayoría de los presos son jóvenes entre 18 y 29 años.


Las mujeres cada vez más cometen delitos, especialmente contra el patrimonio. Por ejemplo, en El Salvador, los hombres detenidos por extorsión corresponden al 21.9%, mientras que las mujeres detenidas por la misma razón representan el 33.7%.


El 75% de los reclusos son cabeza de familia. Esto implica que el impacto del encarcelamiento puede estar afectando hoy en la región a cerca de seis millones de habitantes.


Las mafias a veces son los verdaderos “gestores” de una prisión. Existen muchas cárceles de la región “pacificadas” porque en ellas el verdadero poder lo tienen criminales y bandas organizadas.


La desesperación económica no es la causa principal del delito. La mayoría de los privados de libertad en América Latina y el Caribe tenían trabajo al momento de ser detenidos.


Las drogas y el alcohol se mezclan con el crimen. Un 32% de los privados de libertad había consumido alcohol o droga durante las seis horas antes de cometer el delito por el cual están presos.


El uso de armas agrava la duración de las penas. En el 31% de los casos, el delito por el que una persona está en la cárcel se cometió con algún tipo de arma.La entrada en prisión se percibe como el castigo de los criminales pobres.


Un poco más de la mitad de los privados de libertad (51.8%) cree que podría haber evitado la cárcel si hubiese tenido dinero o influencias en el momento de ser detenido.


Aún desde la cárcel, la población reclusa tiene escaso conocimiento sobre el sistema judicial.


Un 54% de los privados de libertad considera que no tuvo una comprensión aceptable de lo que estaba sucediendo en su proceso de juicio.


El nivel de reincidencia parece estar correlacionado con la duración de las penas. La menor reincidencia delictiva no ocurre en países como Chile, sino en países como El Salvador.


Agentes de la seguridad que se pasan al lado oscuro. El 17% de los privados de liberad perteneció, antes de ser detenido, a algún cuerpo de seguridad.


El ciclo de la violencia parece tener un componente intergeneracional. Un 40% son hijos de padres que abusaban del alcohol (39.8%) y de familiares que estuvieron presos (26.8%).

Los datos que muestran las encuestas penitenciarias confirman que los delincuentes suelen presentar similares factores contextuales (consumo de drogas asociado con antecedentes penales de familiares; violencia intrafamiliar y abandono del hogar materno). También constatan que la carencia de empleo no es un precursor claro de una vocación delictiva, que la calidad de los procesos de rehabilitación y reinserción social está ligada a la calidad del sistema penitenciario, y que el clima interno penitenciario depende de la calidad de la gestión del sistema por parte de las autoridades a cargo.

Populismo penal

Ante los altos niveles de crimen y violencia, la respuesta común es gastar más en seguridad: más policías, sanciones más severas, y meter a más personas en la cárcel, esta "promesa" gana muchos réditos en el juego político, y las diatribas incendiarias punitivistas gozan a menudo de muy buena prensa. La explosión penitenciaria es responsabilidad tanto de los Gobiernos de izquierda como de derecha. Si bien con agendas distintas, ambos signos ideológicos han usado por igual la retórica carcelaria para concitar apoyos en sociedades urgidas de vivir en paz.

El problema es muy complejo porque, por un lado, los políticos se sienten obligados a satisfacer los reclamos ciudadanos (a honrar la sed de vendetta pública) de más seguridad y prisión, pero por otra parte la prisión se ha agotado como mecanismo de solución de la criminalidad: ya no es castigo ni disuasión del delito. De hecho, ni siquiera detiene los delitos: el 23,8% de los privados de la libertad en la región afirma saber de delitos cometidos fuera de la prisión pero organizados desde su interior. En algunos sistemas penitenciarios, ese porcentaje llega al 36,5% (Chile): extorsión, tráfico de drogas, robo y secuestro. La prisión es un problema criminal en sí mismo.

La justicia no ha logrado atacar el problema: el 90 por ciento de los asesinatos en A.L. no son resueltos y las cárceles, que debieran ofrecer tratamientos para que los reclusos abandonen el crimen, han fallado.

Los gobiernos latinoamericanos instrumentaron políticas de “mano dura” para capturar y enjuiciar a delincuentes. Según una comparación de estadísticas realizada por el Grupo de Diarios América (GDA), las causas principales por las que se encarcela en la mayoría de los 11 países evaluados son el robo o el intento de robo e infracciones a las leyes de drogas. Otras son la extorsión (en El Salvador), el homicidio (en la Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Venezuela) y el abuso sexual (en Perú).

Construir esperanzas usando la baza de políticas probadamente ineficaces, pero todavía rentables en clave electoral, significa condenar a más generaciones a seguir transitando por las movedizas arenas de la inseguridad y la violencia. Debe entenderse que la criminalidad tiene causas estructurales que no podrán resolverse solo con represión, más allá de las promesas y la excesiva confianza depositada en el poder punitivo del Estado.

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